Ya van 7 viviendas sancionadas por realizar fiestas que violan la cuarentena en Cali

La Policía solo puede imponer comparendos en flagrancia, pues es la única forma de determinar si las características particulares del caso ameritan una sanción de ese tipo, por lo que los vídeos o fotos por sí solos no bastan.

Hasta la fecha, las autoridades han logrado desmantelar siete fiestas en casas. Dos de ellas tuvieron lugar en el barrio Mariano Ramos, en el oriente, en donde se reunieron grupos de 30 y 25 personas cada uno en la noche del pasado viernes 17 de abril.

En algunos casos los  vecinos llaman a las autoridades para reportar que dentro de una casa están haciendo una fiesta a todo volumen; sin embargo cuando llega la policía, se determina que no incumple las normas de la cuarentena en Cali.

“Por ejemplo, hemos ido en tres ocasiones al barrio Miraflores, en el oeste de la ciudad, por el caso de un hombre y su esposa que ponen música a todo volumen, que los vecinos nos reportan como rumba. Sin embargo, solo se incumple la cuarentena cuando hay una aglomeración de más de 10 personas o en una casa hay personas foráneas al hogar, lo que ayuda a esparcir el virus. En ese caso de Miraflores y otros similares, en cambio, lo que hacemos es solicitar que ponga el volumen en un nivel moderado”, explicó Dranguet.

Sin embargo, las autoridades tienen identificada una vivienda ubicada en la Comuna 22. Se trata de una residencia con piscina cuya propietaria alquila por $1.200.000 el día y en el que se reúnen varias personas para celebrar con fiestas privadas en tiempos de cuarentena.

“Ya tenemos identificada a la señora, pero cada vez que nos dirigimos al lugar, alguien da la alerta y la celebración se desactiva de inmediato. Estamos haciendo inteligencia para desmantelar esta actividad en flagrancia”, contó Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de Cali

 

La sanción por este tipo de incumplimiento a las normas de aislamiento, esta en 936.320 pesos y también se encuentran las de tipo penal, con sentencias entre los cuatro y ocho años de cárcel.

 

   

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