Nuevo decreto del gobierno ordena liberar delincuentes de la primera línea

El pasado 9 de diciembre se firmó el decreto que crea la «Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana», la cual pretende dejar en libertad a los integrantes de primera línea detenidos por delitos cometidos en los bloqueos y disturbios del año pasado y convertirlos en voceros de paz.

Sin embargo, no se ha demostrado que estas personas pertenezcan a alguna organización al margen de la ley como lo establecen los requisitos descritos en la Ley 418 de 1997, que indica que los gestores de paz deben pertenecer a un grupo armado ilegal con el cual el Gobierno haya firmado un acuerdo en el marco de un proceso de paz, por lo que proceder de esta forma resulta inconstitucional.

Tortura, terrorismo, desmanes y violencia contra servidores públicos son algunos de los delitos cometidos por quienes el nuevo decreto firmado por el Gobierno Nacional pretende dejar en libertad, las autoridades judiciales de Colombia rechazan tajantemente esta decisión.

La mayoría de los casos de detenidos han sido capturas legalizadas, indiciados imputados y sentencias condenatorias, por lo que dejarlos en libertad significaría un caso de amnistía o indulto, lo que resulta también inconstitucional.

Sin duda, esta decisión ha causado polémica en el país, los congresistas rechazan la expedición de este decreto.

De acuerdo con los parlamentarios, este decreto significa un atropello a la justicia, a las leyes nacionales y a la separación de poderes públicos y representa el poco interés del gobierno nacional en la reparación de las víctimas y por las  afectaciones a la movilidad de las que aún quedan repercusiones para los ciudadanos.