Durante los últimos días, se ha evidenciado la incoherencia en la gestión de los asuntos más importantes del país por parte del Gobierno Nacional, entre ellos, la adjudicación de la licitación de pasaportes.
La controversia se desató cuando el ministro Álvaro Leyva Durán, actualmente suspendido por la Procuraduría General de la Nación, afirmó que dicha licitación presentaba irregularidades, lo que llevó a declararla desierta. En ese momento, la firma Thomas Greg & Sons interpuso una demanda millonaria contra el Estado, alegando la vulneración de sus derechos y el perjuicio a su marca a nivel mundial.
Posteriormente, con la suspensión del ministro Leyva, el ministro Luis Gilberto Murillo asumió la responsabilidad al frente de la Cancillería. Por otro lado, el secretario general, José Antonio Salazar, argumentó que todo estaba en regla y procedió a firmar la licitación. Sin embargo, no contaba con que el presidente de la república lo destituiría del cargo, situación que lo tomó por sorpresa, ya que presuntamente no fue notificado antes del 26 de febrero sobre su salida.
A pesar de haber quedado formalmente firmada la licitación, el propio ministro y Canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, la desautorizó y señaló que había pasado por alto las órdenes emitidas desde Casa de Nariño. Además, argumentó que no tenía la potestad para ello debido a la falta de disponibilidad presupuestal de 600 mil millones de pesos.
En las últimas horas, el conflicto se intensificó con la declaración del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien desmintió al ministro Murillo al afirmar que la partida presupuestal sí existe.
Esta polémica pone de manifiesto, una vez más, la escasa comunicación entre los miembros del gabinete ministerial, lo que podría explicar por qué los exministros, una vez fuera de sus cargos, comienzan a revelar discrepancias internas.
Editor Noti5
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